El extractivismo es un modelo impuesto a personas y comunidades alrededor del mundo. Sin embargo, una de las regiones en las que ha sido más agresiva su imposición es América latina y, particularmente, México.

Jorge Peláez, investigador y coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental ‘Berta Caceres’ de la Universidad Iberoamericana, explica que este modelo depredador acarrea una enorme y dolorosa historia de violación de derechos humanos, y esto ocurre porque la lógica extractivista prioriza la obtención de ganancias en el territorio por encima del bienestar de la población o la sustentabilidad ambiental. 

Un claro ejemplo de esto, plantea, es la idea de “la concesión minera”. que es una privatización legal del subsuelo que ignora todo lo que ocurre en la superficie, todo lo que tiene que ver con el territorio y la gente que lo habita. 

Para los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades equiparables, el principal derecho vulnerado por las concesiones mineras es de la autodeterminación, porque se asigna a un particular sin con consultarles, y de ahí se desprenden muchos otros derechos que son violados cuando se otorga una concesión minera sobre su territorio, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, a la salud, entre otros.

Plantea que los proyectos extractivos son impuestos bajo una racionalidad económica que no toma en consideración las decisiones que tomen las comunidades sobre sus territorios. Incluso cuando el marco legal establece el requerimiento de consultar a las comunidades para poder establecer un proyecto minero, lo que vemos son consultas simuladas, ejercicios formales que solo sirven para legitimar esos proyectos extractivos.

En algunos otros casos, esos procesos de consulta solo generan escenarios conflictivos. Se trata de procesos diseñados para generar división y debilitar a comunidades que están en resistencia frente a estos proyectos impuestos. 

Tristemente, subraya Jorge Peláez, los ejemplos genuinos de consulta y participación que en verdad respetan la autodeterminación de los pueblos son extremadamente escasos, pero sí los hay. 

Para otros grupos sociales distintos de los pueblos originarios, el derecho a la información y la participación, que son los pilares del Acuerdo de Escazú, son vulnerados de forma rutinaria, no hay garantías de estos derechos para la mayoría de la población. Abunda que, por supuesto que el derecho a la salud y al medio ambiente sano también son vulnerados sistemáticamente cuando se impone un proyecto extractivo como una mina, un pozo petrolero, un proyecto de fracking, una mega granja o enormes campos para la producción agroindustrial de un monocultivo.

Con respecto a la industria minera, el especialista refiere que, a pesar de toda la retórica corporativa y de la promesa de mejores prácticas extractivas, “no existe la minería sustentable. Podemos tener mejores o peores prácticas extractivas, pero lo cierto es que no existe la minería sustentable”, toda minería implica afectación ambiental y se trata de un recurso finito, no renovable. 

La minería destruye el ecosistema en el que se practica y contribuye significativamente a que avancemos hacia lo que la ONU denomina como: la tercera crisis planetaria, que implica el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Las consecuencias de los proyectos extractivistas van más allá de los daños al ambiente, socavan los derechos básicos, como el derecho al agua, a la salud y a la alimentación. 

El académico detalla que con las explosiones y sus procesos de extracción, las mineras desplazan a las comunidades completas y destruyen sus hogares. Esto, incluso es una violación al derecho a la vivienda; y la lista de derechos vulnerados es muy larga.

Respuestas comunitarias al extractivismo

Por otra parte, destaca que las comunidades locales pueden responder a la imposición de proyectos extractivos en sus territorios de distintas maneras. Una de ellas es la movilización, que inicia genuinamente cuando de manera colectiva reconocen un agravio; y cuando nombran una injusticia que ellos han experimentado. 

Aunque esto parezca simple, no lo es; porque por décadas se les ha dicho a las comunidades que los proyectos extractivistas traerán consigo progreso para salir de la pobreza; y ese discurso ha penetrado profundamente en el imaginario de las personas, especialmente en contextos de pobreza e inequidad. 

Con esta narrativa y condiciones no es fácil movilizarse, resalta Jorge Peláez,, pero se parte del reconocimiento del agravio para iniciar una movilización para cambiar las cosas. 

Detalla que una vez que la comunidad reconoce el daño o agravio, identifican que es posible movilizarse para resistir. Esto tampoco es sencillo, porque el enemigo es, generalmente, una corporación con una base financiera fuerte, apoyada por el gobierno. 

En muchos países del sur global con complicidad institucional de los gobiernos las luchas de resistencia de las comunidades son aún más desiguales. 

Cuando las comunidades deciden actuar, no tienen un único método para la resistencia, sino que desarrollan un amplio repertorio de estrategias legales, políticas y sociales. La respuesta de las comunidades depende de dos factores: las oportunidades disponibles y la historia organizativa de la propia comunidad.

En comunidades con una fuerte desconfianza en las instituciones y en el derecho, la resistencia se encamina hacia la acción directa y la autogestión, por ejemplo, con la toma de carreteras, asambleas de unidad y demostraciones públicas,  en vez de optar por mecanismos de negociación y litigio

Antes de que ocurriera en México lo que llamamos la “transición democrática”, la movilización se canalizaba hacia la negociación con el Estado, usualmente acompañada con la cooptación de los líderes de la movilización. O bien, a través de la confrontación abierta. Cuando no se podía dar la negociación se pasaba a una fuerte confrontación directa con las autoridades.

La reforma constitucional de 2011, sobre los derechos abrió una avenida más judicial para que las comunidades pudieran defender sus derechos. Sin embargo, en los últimos cinco años, con el gobierno de la transformación estamos presenciando una relación distinta con el estado en la que se ponen en juego diversas estrategias, como litigios, espacios de negociación y confrontación directa.