¿Qué implica el nuevo Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos? ¿Los territorios y recursos naturales serán la moneda de cambio en las negociaciones del T-MEC? ¿El marco legal es suficiente para proteger los derechos y territorios comunitarios? ¿Cómo vigilar el actuar de las empresas y sancionar las violaciones a derechos? ¿Cómo se están organizando las comunidades para defender sus territorios?

En febrero de este año, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para trabajar en un Plan de Acción sobre Minerales Críticos, que incentive de manera preferencial el comercio de estos recursos, a precios pactados y que contribuya a asegurar el suministro de minerales críticos en beneficio de EUA. Con especial interés en fomentar estándares regulatorios para la minería, cooperación  técnica y regulatoria, promoción de inversiones, coordinación en cartografía geológica, investigación en nuevas tecnologías, procesamiento y manufactura.

Este plan perpetuaría el extractivismo minero en el país; además, de que no está considerando la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, ni los impactos socioambientales o la reglamentación de la ley de minería en México. 

Los minerales críticos son un conjunto de elementos metálicos y no metálicos, que resultan estratégicos en sectores clave de la economía como las industrias automotriz, tecnológica, militar, y muchas otras industrias. La lista de minerales críticos puede variar año tras año, dependiendo de los intereses y prioridades políticas de cada país. 

Por otra parte, las Tierras Raras son 17 elementos que forman parte de los minerales críticos y tienen propiedades magnéticas, conductoras y fluorescentes-luminiscentes, se utilizan en aparatos eléctricos, para imanes de turbinas eólicas – neodimio y disprosio –, baterías, pantallas led, láseres, fibra óptica, en vehículos eléctricos, y en la industria aeroespacial y de defensa. 

El acceso y control de estos recursos se vuelve estratégico, ante la creciente demanda de estos recursos para la fabricación de tecnologías energéticas, electrónicas, de defensa, telecomunicaciones e industrias y vehículos eléctricos. Estados Unidos busca reducir la dependencia de abasto y suministro que tiene con relación a China y abastecerse de minerales “baratos”. En ese sentido, la vecindad geográfica que tiene con México es relevante, dado a que en nuestro país hay presencia de yacimientos con estos minerales. 

Cabe destacar que México no cuenta con las tecnologías para procesar este tipo de materiales, como el litio, por lo que es muy factible que se tenga que recurrir a esquemas de concesión con particulares para poner en marcha proyectos de extracción y procesamiento de estos minerales. Las élites nacionales y corporaciones transnacionales son quienes, generalmente, se apropian de las utilidades obtenidas de las actividades mineras, mientras que los costos sociales y ambientales –riesgos sanitarios, violencias, contaminación del agua, degradación de ecosistemas – recaen de manera desigual y desproporcionada sobre población rural, indígena y/o campesina. 

Además, en un contexto de revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se han exacerbado las presiones de la industria minera y del gobierno de Estados Unidos por flexibilizar aún más la legislación y normatividad para detonar el extractivismo minero a gran escala. Estos procesos representan graves amenazas para los territorios comunitarios donde se encuentran los yacimientos de minerales, para los derechos de las comunidades y para el medio ambiente. 

Video de la sesión

Ponentes:

Leticia Merino. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

Beatriz Olivera. Energía, Género y Ambiente. ENGENERA.
Es ingeniera industrial y maestra en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorante en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado en el sector privado, público y en la academia, como profesora del posgrado en energía de la facultad de ingeniería en la UNAM. En los últimos 16 años ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil como investigadora en Greenpeace, Oxfam y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Actualmente es directora de la Organización no gubernamental Engenera (Energía, Género y Ambiente) e integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

Jorge Pelaez Padilla. Universidad Iberoamericana, Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres.Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH), Maestro en Derecho egresado del Programa de Posgrado en Derecho en la UNAM, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales campo disciplinar Sociología por Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Académico-Investigador de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1. Ha impartido docencia, entre otras instituciones de educación superior e investigador visitante en instituciones nacionales e internacionales. Sus áreas de interés académico son la sociología jurídica y los estudios empíricos del derecho, los estudios de movilización legal, derechos colectivos de los pueblos indígenas, derecho ambiental, métodos mixtos de investigación, industrias extractivas, género, enseñanza clínica del derecho. Su línea de investigación principal está centrada en los estudios de movilización legal y de producción social de la acción colectiva.

Omar Esparza Zárate. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Defensor del territorio, organizador comunitario y coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI). Su trabajo se centra en la defensa de la tierra, el agua y los bienes comunes frente al avance del modelo extractivista, acompañando procesos organizativos de pueblos nahuas, mixtecos, ngiva, triquis, entre otros. Ha impulsado la articulación de radios indígenas y comunitarias en el sureste mexicano y participó en lo que fue la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos. Promotor del Centro de Formación para la Autonomía “Teocentli” y ha contribuido a la creación de preparatorias indígenas en San Juan Ñuu Mí y Santa Cruz Mixtepec.

Ha acompañado diversas luchas territoriales, entre ellas la exigencia de justicia por el asesinato de Bety Cariño, los procesos de paz en la región triqui, la defensa frente al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan y la articulación de una red contra el extractivismo minero en Puebla y Oaxaca. También ha acompañado al comité de bienes comunales en la lucha por el cierre del relleno sanitario de Tehuacán. Es fundador de cooperativas de ahorro popular y actualmente acompaña la cooperativa cafetalera Teñeyolo. Ha impulsado procesos de manejo de cuencas y captación de agua en comunidades mixtecas.

Julieta Lamberti. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Feminista y Defensora de Derechos Humanos. Doctora en Sociología por el Colegio de México y Maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO-México. Actualmente es Directora de Investigación Estratégica de PODER donde dirige investigaciones sobre afectaciones empresariales en derechos humanos de comunidades y organizaciones de base. Recientemente ha dirigido los proyectos de investigación Militares S.A. de C.V. y Sierra de Apuestas.

Por más de diez años se ha especializado en investigación sobre transparencia y rendición de cuentas empresarial, extractivismo, captura corporativa del Estado, empresas y derechos humanos y ha publicado varios artículos en revistas especializadas y capítulos de libros colectivos sobre el tema.

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