Autoría: Leticia Merino.

México durante el gobierno de Salinas de Gortari, junto con Chile, gobernado por Pinochet, se convirtieron en los “laboratorios” de las políticas neoliberales, entre ellas la de la apertura económica irrestricta. Pero, contra lo prometido, luego de cuatro décadas, la desigualdad y la concentración de la riqueza han aumentado y la economía nacional ha tenido un pobre desempeño. En 2020, el porcentaje de población en condiciones de pobreza era de alrededor del 50%, similar al porcentaje de 1970. 

Además, el deterioro ambiental asociado a la expansión del extractivismo y la desregulación de las actividades extractivas, se han incrementado de manera alarmante, contribuyendo a la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.

Ni el TLCAN, ni el T-MEC son las panaceas económicas que la narrativa oficial pregona.  A partir de estos tratados, la economía mexicana se ha orientado fundamentalmente a la integración subordinada con los Estados Unidos, como hace evidente el hecho de que el 80% de las exportaciones de México se dirigen al mercado estadounidense. 

Actualmente, en la renegociación del T-MEC, México busca mantener ese patrón, protegiendo las inversiones (en su mayoría extranjeras), y mantener las industrias automotriz, electrónica, aeroespacial, textil, de alimentos y bebidas.

La renegociación del T-MEC se da en el contexto geopolítico de la disputa entre Estados Unidos y China, y la supremacía del gigante asiático en la extracción y procesamiento de distintos minerales considerados como “críticos” por los Estados Unidos, en tanto que son esenciales para industrias como la tecnológica digital y electrónica, la energía renovable y la militar.

Entre estos minerales críticos se encuentran: las tierras raras, cobalto, grafito, cobre, plata, manganeso y el litio. Minerales que se utilizan en la fabricación de imanes en motores eléctricos, componentes electrónicos, baterías y lubrificantes.

El control de la extracción y la capacidad de procesamiento de estos minerales por parte de China, en las que ha invertido al menos dos décadas de desarrollo tecnológico, le otorga una ventaja significativa en las cadenas de suministro globales.

Esta gran capacidad de la potencia asiática ha llevado a los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Singapur a considerar que esas cadenas de suministro de minerales son vulnerables, y plantean la necesidad imprescindible de “remodelar el mercado mundial de minerales críticos y tierras raras”. 

Para asegurar el suministro de minerales críticos, Estados Unidos ha propuesto incrementar agresivamente la inversión minera norteamericana alrededor del mundo, y tener acceso irrestricto a minerales críticos y con precios bajos, previamente pactados. 

En este contexto, el “Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México” es parte de esa estrategia global de los Estados Unidos, que incluye acuerdos similares con otros 36 países.

En México existen depósitos de importantes de litio, grafito, tierras raras, cobre, plata, zinc y molibdeno. Los mayores depósitos se encuentran en los estados de Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, así como en la región mixteca, en los estados de Oaxaca y Puebla.

Cabe mencionar que en el marco de las estrategias energética e industrial de los Estados Unidos se ha planteado la iniciativa de la “Pax Sílica”, con la que ese país busca el control y avance de la cadena de abastecimiento de silicio, un material especial utilizado en diversas industrias, entre ellas la de fabricación de semiconductores, en la que China tiene también un avance significativo.

En esa iniciativa, en la que México no está incluido, participan países con importante desarrollo industrial, entre ellos Israel, Holanda, Japón, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Australia, Qatar e India. México tendrá, de nueva cuenta, el papel de proveedor de materias primas, como el silicio y los cuarzos con los que se fabrica la silicona, y de los cuáles existen depósitos importantes en Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

En este escenario, el T-MEC reforzará, de nueva cuenta, la dependencia y subordinación de México respecto a los Estados Unidos. Profundizará en gran medida el extractivismo exportador que ha prevalecido por décadas.

Para la ratificación del T-MEC, los recursos minerales del país y los territorios rurales en los que se encuentran serán utilizados como “moneda de cambio”, entregando el acceso a minerales críticos en condiciones de desregulación socioambiental, como han insinuado el propio secretario de Economía de México y los empresarios mineros en su insistencia por “modernizar la legislación minera”; manteniendo las contribuciones fiscales del sector en números rojos para el país. 

La vida de un número cada vez mayor de comunidades y territorios, es un precio que la SE parece dispuesta a cubrir, a cambio de ventajas para unos cuantos, comprometiendo las perspectivas de un desarrollo real para la mayoría de los mexicanos.

¿Qué ocurrió con el TLCAN?

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es el antecedente directo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que promovió la liberalización de la economía mexicana, y que ha tenido grandes implicaciones en nuestro país. Desde la firma del TLCAN en 1994 se profundizó en México el modelo económico extractivo-exportador, que entre 1940 y 1970 se había buscado dejar atrás mediante la política industrial de sustitución de importaciones y la consolidación del mercado interno.

Durante esos años la tasa de crecimiento económico anual del país osciló entonces entre 6% y 7%, generando el crecimiento de los ingresos de parte de la población. En cambio en los años posteriores al TLCAN el crecimiento económico promedio de México no ha alcanzado siquiera el 2%.

El TLCAN ha tenido graves repercusiones de largo plazo, como:

– la desindustrialización de distintos sectores productivos, generando pérdida de capitales nacionales, desempleo, informalidad y precariedad.

– la modificación del marco legal (Art.27 constitucional, Ley General de Aguas y Ley Minera) para favorecer la privatización de la tierra y los recursos naturales en pro de la reorientación extractivista de la economía.

– la invasión del mercado mexicano con alimentos procesados elaborado y el control del sistema alimentario del país por unas cuantas corporaciones transnacionales.

– gran acaparamiento de la tierra, el agua y las semillas para la producción de alimentos de exportación, controlados por un número reducido de empresas.

– la quiebra de la economía campesina, generando pérdida de recursos, desempleo, precariedad, y migración masiva a los Estados Unidos de trabajadores agrícolas, muchos de ellos indígenas.

– el incremento en la inversión extranjera directa en industrias como la automotriz, la electrónica y la manufactura ligera, a partir de “ventajas”, como la desregulación laboral y ambiental y los salarios más reducidos de América Latina (hasta la reforma salarial de 2018).

–  incremento dramático de las concesiones mineras, del acaparamiento del agua y de los proyectos extractivos, a costa de cientos de comunidades y sus territorios.